Seis días de vértigo: cómo se pactó el doble decreto de vivienda tras el caso Maricarmen

Un decreto de vivienda llevaba meses varado y miles de inquilinos quedaron desamparados cuando PP, Vox y Junts tumbaron el escudo social en febrero. El desahucio —luego revertido— de Maricarmen, de 87 años, y la ola de indignación del Sindicato de Inquilinas y la acampada de Sol cambiaron el calendario: en solo seis días el Gobierno aprobó de urgencia un paquete negociado con los aliados para impedir que se repitan casos como el de Urbagestión. Las conversaciones entre socios de coalición se alargaron hasta el último segundo; el Consejo de Ministros se retrasó una hora y ni siquiera dio tiempo a terminar de redactar el articulado antes de la rueda de prensa. El resultado fueron dos decretos: uno con el blindaje frente a desahucios y castigos a grandes tenedores, y otro con la prórroga de alquileres, desgajada a instancias del PSOE. Sumar reivindica el paquete como conquista ciudadana pese a una negociación dura. La convalidación en el Congreso el viernes decidirá si el esfuerzo exprés sobrevive al escrutinio de Junts y Podemos. La secuencia ilustra cómo la presión social puede desatascar un bloqueo político de meses en materia de vivienda.